Ni con “maquillaje” les salieron las cuentas
Ni con “maquillaje” les salieron las cuentas
Por Aurelio Contreras Moreno
Con año y medio de
retraso –ya sabe, la eficiencia marca “4t”-, el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz (Orfis) entregó al Congreso del Estado el Informe
del Resultado de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente
al primer año del actual gobierno estatal.
La mera dilación de
la entrega de este informe ya debería ser acreedora de algún tipo de
responsabilidad o sanción para las autoridades fiscalizadoras, pues violaron los
artículos 33 fracción XXX y 67 fracción III de la Constitución Política del
Estado de Veracruz al no proporcionar en los tiempos legales establecidos esta
información.
El primer numeral
establece que entre las atribuciones del Congreso se encuentra “aprobar las
Cuentas Públicas, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones
técnicas del Informe del Resultado, entregado por el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado en términos de lo establecido por esta Constitución y la
legislación aplicable, a más tardar, el último día del mes de octubre del año
que corresponda”.
A su vez, el otro
artículo señala que “el Órgano de Fiscalización Superior del Estado realizará
la revisión de las Cuentas Públicas, en un período no mayor de un año, conforme
al procedimiento de fiscalización superior, bajo los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad”.
Las cuentas de 2019
se están entregando hasta 2021, bajo el pretexto de la pandemia –que a
organismos como la Auditoría Superior de la Federación no le impidió hacer su
trabajo-. Pero como para la “cuarta transformación” es más importante ser
“leal” que “eficaz” y al son del “dando y dando”, no habrá quien desde las
instancias legales correspondientes actúe contra el Orfis que, a su vez, fue tan
“benévolo” con entes fiscalizables como el Congreso del Estado, que no lo tocó
“ni con el pétalo” de una observación.
Tampoco podía
esperarse demasiado cuando en el Orfis fue nombrada una ex funcionaria del
mismo gobierno que le tocó auditar, que además fue también representante del
hoy partido oficial ante los órganos electorales locales. La parcialidad era abrumadoramente
cínica.
Sin embargo, a
pesar de lo anterior y con todo lo que se haya “maquillado” las cifras durante
el enorme tiempo de demora, el Ejecutivo estatal no salió incólume y se
reportan inconsistencias, irregularidades y observaciones que caen en la
presunción del daño patrimonial, o sea, del desvío de recursos.
De esta forma, durante al primer año de
gobierno de Cuitláhuac García Jiménez el Orfis determinó la existencia de un
presunto daño patrimonial por 191 millones 995 mil 930.69 pesos en la cuenta
pública consolidada, derivado de la auditoría en materia de Deuda Pública,
Obligaciones y Disciplina Financiera al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Lo cual no deja bien parado al secretario de Finanzas y Planeación José Luis
Lima Franco.
Asimismo, derivado de las auditorías
financieras y técnicas a la obra pública, el Orfis señaló otro presunto daño
patrimonial por un total de 279 millones 828 mil 513.26 pesos en diversos entes
del Poder Ejecutivo estatal. Lo que hace un total de 471
millones 824 mil 443 pesos, irregularidades directamente atribuibles al ejercicio
de los recursos responsabilidad del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Nuestra
“bendición”.
Un ejemplo –a
reserva de entrar al estudio de fondo de las irregularidades en otras
dependencias- de cómo se las gastan en el gobierno de la “4t” veracruzana lo
encontramos en la Coordinación General de Comunicación Social, a la que el
Orfis les observó un posible desvío por cerca de un millón de pesos. Poco, si
se quiere ver así.
Empero, ese dinero
se fue en pagar propaganda en la red social Facebook, de la cual “se detectó
que la documentación comprobatoria no reúne los requisitos fiscales que
establece la normatividad aplicable debido a que presentan recibos simples de
pago”.
Además, dichas
erogaciones fueron realizadas a través de la cuenta bancaria número 1056900329
“aperturada a nombre del Coordinador General de Comunicación Social (Iván Joseph
Luna) en la que a su vez le transfirieron recursos por un monto de $949,058.78
durante el ejercicio 2019 para sufragar este tipo de gastos”, cuando las cuentas
bancarias para pago a proveedores de gobierno deben estar a nombre de la dependencia
correspondiente, no de una persona física. Operación que bien podría ser de
interés para el Servicio de Administración Tributaria y hasta para la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por evasión de impuestos
y hasta posible lavado de dinero.
Por si algo
faltara, el informe del Orfis detalla también que 16 empresas mediáticas que
recibieron recursos en materia de publicidad de la Coordinación General de
Comunicación Social no se encontraron inscritas en el Padrón Estatal de Medios
de Comunicación, en total contradicción con el discurso de transparencia y “fin
del chayote” que pregonan esta
administración y sus propagandistas.
Si eso salió apenas
del primer año, imagínese cuando se revise lo de 2021 y lo desviado a las
elecciones y a la “consulta” del próximo domingo.
Fracaso anunciado
Precisamente, con
todo y el acarreo de burócratas y “solovinos” que habrá el próximo domingo, es
tan predecible el fracaso de la consulta popular en términos de porcentaje de
participación que le dé obligatoriedad legal al resultado, que en Morena ya se
“amarraron el dedo” y exhibieron sus verdaderas intenciones: establecer una
“comisión de la verdad” (que como todas las de su tipo servirá para lo mismo.
Nada).
La otra es lanzar una
ofensiva brutal contra el Instituto Nacional Electoral.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
