‘NO SON PRIVILEGIOS, SON DERECHOS’, DEFIENDE AÑOS DE TRABAJO

Agencia Reforma

Guadalajara, Jalisco 8 abril 2026.- La reforma contra las llamadas pensiones doradas en organismos como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex abrió un debate que va más allá del ahorro público, al poner sobre la mesa la discusión sobre derechos adquiridos, no retroactividad y certeza jurídica.

El cambio fija un tope de 50 por ciento de la remuneración presidencial, equivalente a unos 67 mil 145 pesos netos mensuales, lo que para jubilados como Gerardo Martín Franco Castro no representa un privilegio, sino una reducción a ingresos construidos durante décadas de trabajo.

 “No tenemos pensiones o jubilaciones mal ganadas. Tenemos pensiones y jubilaciones ganadas con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo”, dijo.

 Franco Castro ingresó a la CFE el 28 de mayo de 1985 como auxiliar administrativo en agencias comerciales fuera de Guadalajara. Con el paso de los años ascendió a agente comercial, supervisor divisional, jefe de oficina divisional y posteriormente al área jurídica, donde llegó a ser jefe del Departamento Jurídico Divisional y más tarde subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos.

Su historia, dijo, no es excepcional, sino parecida a la de miles de trabajadores que se formaron, siguieron estudiando y construyeron su retiro bajo reglas pactadas desde su ingreso.

 “Yo ingresé un 28 de mayo del 85 y en el año 90 ya tenía yo planes de desarrollo profesional… trabajando en la propia comisión cursé la carrera de abogado”, explicó.

 El pensionado sostuvo que el problema de fondo no es solo el monto del recorte, sino el precedente que dejaría el Estado al modificar condiciones ya reconocidas en convenios de jubilación.

A su juicio, si un gobierno puede cambiar de manera posterior los términos bajo los cuales una persona se retiró, se debilita la confianza en los contratos, en las instituciones y en la propia vigencia del principio de no retroactividad.

 “La jubilación es un patrimonio ya ganado, es un derecho adquirido consolidado que se firmó ante una junta de conciliación federal y arbitraje”, señaló.

 Franco Castro también rechazó el término “pensiones doradas”, al considerar que generaliza y desprestigia a miles de jubilados que no reciben montos millonarios. Según dijo, los casos verdaderamente extraordinarios son mínimos, mientras que el universo de afectados sería mucho más amplio, con impacto no solo en ex trabajadores federales, sino también en organismos públicos estatales cuyos ingresos rebasen el nuevo límite.

 “Nos quieren desprestigiar ante la opinión pública… no hay que buscar que los que ganan más ganen menos; hay que buscar que los que ganen menos ganen más”, dijo.

 Advirtió que una reducción de estos ingresos tendría efectos reales en la vida cotidiana de personas mayores que organizaron su retiro con base en percepciones ya definidas.

Entre las principales afectaciones mencionó el pago de tratamientos médicos, el sostenimiento familiar, compromisos financieros y la posibilidad de mantener una vejez digna en un contexto de deterioro de salud y servicios públicos insuficientes.

 “Los servicios públicos de salud están colapsados… esos compañeros, desde el punto de vista de la salud, van a tener un demérito total”, añadió.

 Para el ex trabajador de la CFE, el efecto de la reforma también puede sentirse a escala nacional en el consumo interno y en la estabilidad financiera de miles de hogares. En su lectura, no se trata únicamente de un ajuste administrativo, sino de una señal que puede alterar la percepción de certeza jurídica en el país.

 “La medida no solo impacta derechos adquiridos, sino que podría tener consecuencias en el consumo interno, la estabilidad financiera de miles de familias y la percepción de certeza jurídica en el país”, concluyó.