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Pobres Municipios Veracruzanos

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Pobres Municipios Veracruzanos

Por Armando Antonio Rangel González

El pasado proceso electoral nos dejó muchas reflexiones e historias inverosímiles; en el ámbito municipal, tuvimos de todo, candidatas y candidatos con capacidad y experiencia probada; algunos otros que heredaron el cargo sin contar con carrera profesional y/o experiencia; así como también personas con una reputación muy cuestionada (incluso presos durante el proceso de campaña) y desgraciadamente, también se presentaron hechos violentos con candidatos asesinados, dicho sea de paso, uno de ellos, en el municipio de Cazones, quien arrasó en las urnas.

 

Más allá de estas situaciones, la mayoría de los Ayuntamientos, por no decir todos, carecen de un problema en común, la falta de recursos suficientes para hacer frente a las demandas de su población, ya que actualmente entre el 75% y el 80% de sus ingresos provienen de fuentes de financiamiento del Gobierno Federal, lo que hace más que evidente la dependencia de los recursos federales, principalmente etiquetadas para objetivos y población específica.

 

Ante esta realidad, los Ayuntamientos tienen que recurrir a la contratación de obligaciones financieras (deuda pública), proveniente de fuentes de financiamiento públicas, vía la banca de desarrollo y/o privadas, a través de la banca comercial. En este sentido, al 31 de diciembre de 2020, un total de 201 Ayuntamientos contaban con deuda pública ante el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un monto total de $ 2,349.1 millones de pesos.

 

De este importe, tan solo 10 Ayuntamientos concentran el 51% de la deuda total (Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz, Xalapa, Minatitlán, Pánuco, Boca del Río, Orizaba, San Andrés Tuxtla y Córdoba); sobresaliendo los Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Tuxpan, que se ubican entre los 25 municipios más endeudados del país, tomando en cuenta el monto de su deuda por habitante.

La anterior, es una realidad que pone en jaque a los Ayuntamientos, limitando aún más la disponibilidad de sus recursos, ya que el pago del monto de deuda y de sus intereses, compromete los recursos líquidos, toda vez que poseen más obligaciones, tanto operativas como financieras.

 

Resulta fundamental y prioritario que las nuevas administraciones lleven a cabo una doble estrategia; por un lado, fortalecer sus fuentes propias de ingresos, especialmente eficientando la recaudación del impuesto predial, y por otro lado, logrando recursos, a fondo perdido, de fuentes internacionales de financiamiento.

 

El reto no es fácil, los Ayuntamientos deben volverse gestores de recursos, para lo cual se requiere de personal capaz para llevar a cabo esta actividad prioritaria, que significa recursos suficientes para hacer frente a cada uno de los compromisos que sus habitantes demandan; además de los compromisos que les serán heredados como pago a proveedores, contribuciones, adeudos, laudos y demandas que representarán un compromiso presupuestal futuro.

 

Los Ayuntamientos deben apostarle a una verdadera planeación estratégica, la cual tome en cuenta los aspectos presupuestales para dar atención a las necesidades sociales y a los compromisos que le sean heredados; no obstante, es importante que esta planeación fije oportunamente los objetivos a alanzar, determine las estrategias y programas a seguir y establezca las metas específicas que se esperan lograr; en pocas palabras, se requiere de Ayuntamientos con una visión desde la planeación estratégica.