Poder Judicial, a la venta 55 plazas al mejor postor
¡Ay
Chabela, Chabela, Chabela!
La
titular del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, hoy arrodillada a
Cuitláhuac García, está por cumplir 70 años lo cual la obliga al retiro
forzoso, pero presume que ya logró una dispensa del gobernador para seguir
hasta el 2024.
Ello
le permitirá seguir con sus rapacerías.
Así,
por si no hubiera sido suficiente con el abusivo despido fuera de toda legalidad
de la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, ahora la hace objeto de atropellos
contra su familia al imponerle una reducción de la pensión alimentaria para su
madre de 103 años.
“Está
dispuesta a aniquilarme pisoteando la ley”, acusa.
Y
todo por exigir respeto al Poder Judicial.
“Este
día estoy muy acongojada además de que la juez Décimo Dania Iveth Arenas Pérez,
le redujo a un cinco por ciento la pensión alimenticia a cargo de mi hermano
Mario Castañeda Palmeros, a una anciana de 103 años, a pesar de que trabaja en
Comisión Federal de Electricidad y laboró en la Universidad Veracruzana”.
La
reducción -sostiene la magistrada despojada- fue por orden de la presidenta del
TSJ, Isabel Inés Romero Cruz, quien guarda estrecha amistad con Dania Iveth Arenas
Pérez, auxiliar en materia penal de los juzgados de lo familiar “que por cierto
yo propuse en otro tiempo y que ahora son usados en mi contra”.
“La
señora Inés Isabel está decidida a aniquilarme, a pesar de violar mi
inamovilidad decretada por el Poder Legislativo en 1997. Me aplica
retroactivamente la ley del retiro forzoso, treinta años después, un caso para
Ripley… y ahora sin salario ¿cómo puedo solventar las necesidades de mi
madre, si jamás vendí la justicia?”, clama.
Y
todo por exigir respeto al Poder Judicial.
A
lo de la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda se suma la de su par Concepción
Flores Saviaga, quien también de manera arbitraria y violatoria a la ley, fue retirada
de la Sala de lo Familiar bajo su responsabilidad a pesar también de contar con
un amparo.
Flores
Saviaga también se negó semanas atrás a la reducción del salario en un 30% para
cubrir los faltantes presupuestales del Tribunal Superior de Justicia por 500
millones de pesos que están perdidos.
La
magistrada, al igual que Yolanda Cecilia, fueron estigmatizada por Isabel Inés
Romero Cruz, quien ahora se las aplica en venganza por exigir públicamente
respeto al Poder Judicial.
Por
estos días la podredumbre del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la
Judicatura, al igual que el excremento en el agua, empezó a salir a flote.
Publicado
sin desmentido de por medio, se afirma que la magistrada presidente, mejor
conocida en el bajo mundo del Poder Judicial como “Chabela”, pactó la venta de
55 plazas que entran en función el primero de octubre, con motivo a la creación
de los juzgados en materia laboral vendiendo a sus sobrinos, primos y amigos
plazas de jueces y de secretarios de sala.
Son
las mismas prácticas de corrupción que realiza, también desde el interior de la
Presidencia del Poder Judicial, a través de su secretario particular Tomás
Antonio Francisco, quien nombró como Juez del “Juzgado para Adolescentes”, en
Palma Sola a su hermano Enrique, quien no cuenta con el examen de oposición y
que además se encontraba adscrito a la Sala de Responsabilidad Juvenil
existiendo, por tanto, conflicto de intereses.
El
perverso poder de Chabela con autorización de Cuitláhuac lo consuma a través de
su particular Tomás Antonio, quien coacciona a los jueces para resolver casos
en los que la presidenta tiene intereses poco claros, de corrupción.
Es
por ello, que el día de ayer le solicitó la renuncia al secretario de Acuerdos
del Consejo, dado que los jueces informaron al secretario de los negocios turbios
de la presidenta, quien hace gala de su nepotismo al tener como juez a su hijo
Marlon Neria Romero, en el Juzgado Cuarto en Martínez de la Torre.
Y
por si fuera poco este fin de semana se enteró a los magistrados del Poder
Judicial que el Gobernador Cuitláhuac García, otorgará a Chabela una dispensa
de Ley a fin de que permanezca en el cargo de Magistrada presidenta, pues en
abril del próximo año, cumplirá los 70 años, lo que implicaría su retiro
forzoso como lo establece la ley.
Chabela
percibe un ingreso de 195 mil pesos al mes.
Así,
menos de un año bastó para que Isabel Inés Romero Cruz convirtiera a ese
recinto judicial garante constitucional, en un mercado placero.
Desde
su llegada a la Presidencia, el Poder Judicial se ha caracterizado por estar
envuelto en un sin número de chismes y polémicas que dirimen y resuelven su
particular Tomás Antonio Francisco y el asesor Felipe Pérez Reyes.
Y
es que. a Isabel Inés Romero Cruz, solamente le interesa saber chismes sobre la
vida de las personas que trabajan ahí y basa sus decisiones en esas pláticas de
lavadero y fotos personales de redes sociales olvidando los principios de
imparcialidad y legalidad que deben regir en esa esfera jurisdiccional.
La
característica que la define por los hechos es la traición y esa movilidad de
quienes ve como enemigos a diferentes distritos, el retiro forzoso, el despido
del personal en forma denigrante, aun cuando estas fueran personas cercanas que
confiaron en ella y lograron ponerla donde está.
Esa
es la historia del hoy prostituido Poder Judicial convertido en el lavadero de
Chabela.
*Premio Nacional de Periodismo