Propuestas a debate

Daniel Badillo

Si el presidente de la República no hubiera presentado los diez puntos que contiene su propuesta para mejorar las condiciones de seguridad en el país, en donde destaca la creación de Policías Estatales Únicas, la eventual desaparición de poderes municipales ante la evidencia de nexos entre autoridades locales y criminales, la puesta en marcha del número de emergencias 911 y la redefinición de facultades penales en los tres órdenes de gobierno, los críticos de su gobierno se habrían rasgado las vestiduras, de la misma forma como ahora lo hacen, bajo el argumento de que el mandatario había sido “omiso” ante la situación por la que atraviesa el país al no proponer ninguna medida. Las iniciativas de reforma constitucional que presentó el lunes pasado Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión son eso: propuestas que ya están en la cancha del Poder Legislativo, y donde las y los legisladores tendrán la última palabra. Allí es donde debe estar el debate: en autorizar o no acciones como éstas que buscan, ante todo, combatir la delincuencia y contar con autoridades y policías más confiables y honestos. En cuanto a la posible desaparición de poderes en los municipios infiltrados por el crimen organizado, la iniciativa de ley es clara en señalar en qué casos y bajo qué circunstancias procederían acciones como estas. No se trata, como dicen quienes cuestionan la propuesta, de que a fortiori o por “capricho”, la autoridad federal tome el control de los servicios municipales; y mucho menos que se violente la autonomía local, pues en varios casos documentados por la prensa esa propia “autonomía” ha sido el pretexto para que muchas autoridades delincan.

Lo que el presidente de la República ha hecho es poner sobre la mesa la posibilidad de que el Mando Único Policial, que ha dado resultados positivos en varias partes del país, como aquí en Veracruz, se replique en otras entidades donde las condiciones de violencia e inseguridad evidentemente han rebasado a las autoridades como es el caso de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Por eso es necesario que se debata, que se analicen los “pros” y “contras” de cada una de las medidas anunciadas por el presidente, pero que se haga algo y pronto. No puede cuestionarse, sin proponerse. No pueden descartarse, a priori, todas las posibilidades que significan estos diez puntos, sin que primero se debatan y analicen a profundidad. Este es un momento decisivo para la vida institucional del país que no pasa, ni remotamente, por la pretendida exigencia de que el presidente renuncie; por el contrario, es la oportunidad de definir con claridad cuál debe ser el papel de los gobiernos estatales y municipales en torno a la seguridad y la paz que demandan miles de familias en todo el país. El Mando Único no puede ser voluntarista sino obligatorio, porque con ello la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos la compartirán –jurídica, legal y moralmente- los tres órdenes de gobierno.

Peña lo dijo claramente: después de lo ocurrido en Iguala, México debe ser otro. Un México que no puede permitir que ocurran desgracias como éstas. Un México donde los partidos políticos asuman verdaderamente su responsabilidad reconociendo sus equívocos en la postulación de candidatos vinculados con cadenas delictivas; candidatos que a partir de este momento no solamente deberán pasar la prueba de las urnas, sino también las pruebas científicas, patrimoniales, financieras y de salud para demostrar que son mujeres y hombres con probidad, con honorabilidad, que no van a terminar coludidos con el crimen a cambio de protección o beneficios económicos. En este esfuerzo la sociedad debe asumir también un rol más participativo y crítico, impidiendo –con la fuerza del sufragio y de su propia organización- que lleguen al poder personajes con mala reputación, quienes muy seguramente violentarán el estado de Derecho y atentarán contra los propios ciudadanos. Este es el momento de exigir mejores autoridades, y demandar más resultados. Solo unidos, los mexicanos podremos afrontar este momento de acciones y definiciones, para garantizar que el futuro de nuestros hijos y nietos sea mucho mejor que ahora, pero siempre por la vía de la paz y la concordia.