RECUENTO
Walter Olivera Valladares / @WalterOliverav
En medio del debate generado por el plan B en materia electoral, la reforma impulsada por el Ejecutivo y consecutivamente desairada, marca en realidad la etapa de reconfiguración de las fuerzas políticas del país con miras a los comicios del 2027.
El camino en la tarea de reformar sobre este tema se antoja prolongado. Ya hubo los primeros intentos desde la administración anterior entre el 2022 y el 2024, aunque ninguno próspero. El primero porque fue acorralado y asfixiado en el debate parlamentario y el siguiente aprobado legislativamente, pero rebotado por la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El asunto, heredado a la actual administración, pasó también por un primer intento fallido porque los partidos Verde y del Trabajo, aliados de Morena sintieron vulnerada su permanencia por recortes en las prerrogativas y al número de legisladores plurinominales.
Una segunda iniciativa, también fue vista con reservas al proponer que la revocación del mandato fuera concurrente con las elecciones intermedias del 2027, permitiéndole al Ejecutivo promover su imagen, lo que según los opositores provocaría conflictos de interés que presuntamente sólo favorecerían a Morena.
Así que esta propuesta tampoco prosperó por la abierta oposición del Partido del Trabajo, que se sumó a la negativa del PRI y del PAN para adelantar la revocación de mandato.
Pero los petistas sí respaldaron el resto del proyecto que básicamente se centra en ajustar presupuestos a congresos locales, recortar el tamaño de las regidurías municipales y reducir salarios a los funcionarios públicos electos y del Instituto Nacional Electoral.
La aprobación parcial del Plan B, tiene carácter administrativo y pretende el ahorro de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, deja un clima de tensión entre los tres partidos que conforman el oficialismo, al momento en que ya discuten cómo podrán competir juntos en los comicios del próximo año.
Las contiendas federales del 2027 renovarán la Cámara de Diputados (500 curules) 17 gubernaturas –más de la mitad del país– 6 mil diputados estatales y los regidores de mil 78 ayuntamientos, por lo que un clima de inconformidad al interior de la alianza para nada es conveniente.
Decíamos que el camino de esta reforma ha sido largo y todavía deberá ser aprobada por más de la mitad de los congresos estatales, lo que en apariencia no debe ser problema, dado que Morena gobierna actualmente en 24 de las 32 entidades del país.
Pero quedó abierta la puerta a otros puntos críticos como la advertencia de que la reducción presupuestal a las legislaturas estatales afecte el federalismo. Igualmente está el veto a las candidaturas de familiares y la recia disposición a imponer perfiles femeninos especialmente en entidades nunca antes gobernadas por mujeres como Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
Las pláticas para reconfigurar la coalición partidista entre los partidos del Trabajo, Verde Ecologista y Morena están en marcha. La disputa parece rígida y el “puente” de Semana Santa quizá no sea suficiente para atenuar la atmósfera de desconfianza. ¿Se apegarán PT y PVEM a los estatutos generales de Morena? ¿Superarán diferencias? ¿Con qué cara se presentarán a los comicios intermedios? ¿Y la voluntad del pueblo?
