Agencia Reforma

Ciudad de México 29 septiembre 2026.- La Gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, se desmarcó de Carlos Torres Torres, sancionado por Estados Unidos por sus presuntas operaciones con el Cártel de Sinaloa, al recordar que ya no es su esposo.

A través de un comunicado que emitió el Gobierno estatal, se respondió en uno de cinco puntos que Ávila Olmeda está “legalmente divorciada” de quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“La Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”, refiere el comunicado.

“La Gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC”, se agrega.

En el posicionamiento emitido desde Mexicali, la Administración estatal afirmó, además, que la Gobernadora no posee cuentas ni bienes en el extranjero, y que su patrimonio está declarado en México.

Asimismo, informó que instruyó a la Oficialía Mayor a revisar si las empresas señaladas contrataron con el Ejecutivo estatal para remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes, que serán las encargadas de informar sobre las investigaciones. El Gobierno del Estado no hablará en su nombre y continuará enfocado en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California”, deslindó.

“La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda continuará concentrada en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las y los bajacalifornianos”, añadió.

Las precisiones del Gobierno del Estado ocurrieron luego de que la OFAC anunció sanciones contra 21 individuos y 25 entidades vinculadas a la estructura financiera y redes de corrupción de “Los Mayos” en el Cártel de Sinaloa.

En el reporte, las autoridades estadounidenses identificaron a Torres Torres como un operador político clave presuntamente aliado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, comandante de “Los Rusos” en la plaza de Mexicali.

Sobre la penetración de la delincuencia en la administración pública regional, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, afirmó que la medida evidencia el nivel de infiltración en la entidad.

“Las designaciones de hoy ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el Gobierno de México, particularmente en Baja California, donde allegados al ex esposo de la Gobernadora, un ex director de seguridad pública de Mexicali así como otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las policías”, sostuvo Pigott.

De acuerdo con la OFAC, que confirmó la revocación de la visa de Torres Torres desde 2025, él y su hermano Luis Alfonso Torres Torres habrían auxiliado a la facción criminal mediante mandos policiales locales como Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública en Mexicali. Las sanciones conllevan el bloqueo de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras para ciudadanos de ese país.

Por su parte, Carlos Alberto Torres Torres rechazó los señalamientos mediante un posicionamiento público en el que anunció acciones legales ante las autoridades norteamericanas.

“Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, aseveró Torres.

El ex funcionario precisó que de las empresas listadas por la OFAC únicamente posee el 30 por ciento de las acciones del mercado “Vive Orgánico” en Tijuana, e indicó que las acusaciones provienen de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025, instancia que hasta el momento no lo ha citado a comparecer.