Sistema Nacional Anticorrupción
Daniel Badillo
Con un abrazo solidario y fraterno a la familia de
Ricardo Cárdenas Escobosa, hombre ejemplar.
Se trata del primero de muchos pasos que vendrán en cascada para afrontar, como aquí se dijo la entrega anterior, la galopante corrupción que prevalece en todas las esferas públicas del país. Tras discusiones que parecían eternas y ante la voluntad mostrada por las principales fuerzas políticas, esta semana por fin se sometió al pleno de la Cámara de Diputados la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca –entre otras cosas- combatir el dispendio, el uso discrecional de los recursos públicos y poner fin a las trapacerías de quienes, lejos de servir a los demás, abusaron de la confianza de la sociedad. Si bien la creación de este sistema es un avance innegable, nadie puede echar las campanas al vuelo pues para proceder contra los corruptos y verlos en prisión sigue faltando voluntad política. De acuerdo con lo publicado por el diario Excélsior, la iniciativa, que contó con el visto bueno de los principales institutos políticos, prevé la ampliación a siete años para que prescriban los actos u omisiones administrativas que se consideren graves; se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, lo que implica la posibilidad de intervenir las finanzas estatales o municipales ante la evidencia de malos manejos; se propone modificar el artículo 22 constitucional relativo a la extinción de dominio aplicable a servidores públicos que hayan incurrido en enriquecimiento ilícito; se modifica también el artículo 73 para derivar una ley que haga posible la distribución de las competencias en los tres órdenes de gobierno, respecto a las responsabilidades administrativas.
Una vez aprobada la iniciativa, será la Cámara de Diputados quien nombre a los Contralores Internos de los organismos autónomos, y se prevé que se elimine el principio de anualidad en la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación al modificarse el artículo 79, por lo que a partir de ahora el proceso de auditoría será durante el ejercicio fiscal y en tiempo real, lo que garantizará la revisión inmediata de los entes fiscalizables. Asimismo, se establece que los particulares involucrados en faltas administrativas y en actos de corrupción, serán inhabilitados igualmente para participar en procesos de licitación, servicios, obras y podría llegarse, incluso, a la disolución o intervención de la empresa, además de resarcir el daño ocasionado a la hacienda pública; se creará un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tendrá autonomía y será el responsable de sancionar las faltas graves cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, entre muchas otras cosas. Por el bien del país, ojalá que esta iniciativa se ponga en marcha a la brevedad para evitar, de una vez por todas, que se siga abusando del servicio público en detrimento de las generaciones presentes y futuras.
Ningún esfuerzo encaminado a transparentar el ejercicio de los recursos públicos es en vano. México no resiste más corrupción ni más impunidad. La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción debe ir aparejada con el fincamiento de responsabilidad en aquellos que, sin el menor rubor, ni vergüenza, han hurtado a manos llenas los recursos que son de todos. Urge que se proceda contra los corruptos y se lleve a prisión a quienes desvirtuaron el ejercicio de gobierno y hoy siguen tan campantes como si nada hubieran hecho. Por el bien del país, pongamos alto a los excesos, al dispendio y a la falta de valores que caracteriza a muchos servidores públicos que piensan y actúan como si el erario público fuese parte de su patrimonio personal. El Sistema Nacional Anticorrupción es muestra de que México pueda cambiar, sólo hace falta, repito, voluntad para proceder penalmente contra quienes han abusado de la confianza del pueblo. El país lo agradecerá hoy y siempre.
