Vox populi, vox Dei
DANIEL BADILLO
Es sabido por todos que la expresión latina “vox populi, vox Dei”, o lo que es lo mismo: la voz del pueblo es la voz de Dios, aplica en casos como el de Iguala, Guerrero. Atroz, inhumano y perversamente cruel, el secuestro y asesinato de estudiantes normalistas deja al descubierto, una vez más, el vínculo entre políticos y delincuentes, y de manera especial entre policías y maleantes. Cuando me refiero a la vox populi, es porque en este y en otros casos igualmente desgarradores y vergonzosos –que han merecido el repudio de la prensa internacional y de organizaciones defensoras de los derechos humanos-, el pueblo siempre conoce el pasado y presente de sus autoridades, y de quienes aspiran a representarlos políticamente. En Iguala, según lo que se ha podido saber a través de los medios, era público y notorio el estilo de vida que llevaba el ahora prófugo de la justicia y alcalde aún en funciones. Personaje que de la noche a la mañana amasó una inmensa fortuna producto de actividades inconfesables que, a ojos vistos, demostraban tener un origen ilícito e ilegal que, ahora, a nadie sorprende.
Lo lamentable en este y en otros casos, es que a pesar del juicio certero de la vox populi y del cambio radical en la forma de vida de quienes de un día para otro se convierten en grandes «potentados» al amparo del poder, las autoridades responsables de investigar e indagar su modus vivendi brillaron por su ausencia en una tragedia que pudo evitarse. Bien lo decía el periodista José Reveles, el lunes pasado: todo mundo llegó tarde a Iguala, Guerrero, porque eran públicas y notorias las evidencias sobre el actuar de las autoridades municipales y nadie hizo caso a las advertencias, a los trascendidos y a lo que era por todos conocido; lamentable también porque nada ni nadie garantiza que este sea el único caso donde el uso excesivo de la fuerza pública se agolpa contra civiles, con el fétido ingrediente de la delincuencia organizada.
¿Cómo hacer, entonces, para evitar que un personaje con fama pública nociva y vinculado a actividades ilícitas como el alcalde de Iguala y de otros tantos municipios más, lleguen al poder? Difícil de contestar, sobre todo porque, muchas veces, los partidos políticos recurren, precisamente, a personajes con elevada solvencia económica –aunque carentes de probidad moral- para financiar campañas y apoyar aventuras políticas. Esa ha sido la historia reciente de México. Allí está para mejor proveer, como dicen los abogados, el caso de Carlos Ahumada y el PRD, y otros tantos episodios donde el dinero puede más que los valores y la ideología política. Hace algún tiempo, algunos partidos propusieron certificar ante la PGR e instancias responsables de la procuración de justicia, a candidatos y aspirantes a puestos de elección popular, pero sólo quedó en eso, en una propuesta que jamás prosperó, y difícilmente lo hará.
En la antesala de los comicios federales del próximo año, es oportuno insistir en el tema: sociedad y partidos políticos, deben vigilar con detalle a quiénes se postula y por qué se postulan como representantes populares. Reitero que la vox populi rara vez se equivoca. Sin embargo, quienes deciden las candidaturas las más de las veces hacen oídos sordos ante las evidencias, por así convenir a sus intereses aunque después salga más caro el caldo que las albóndigas. Tengamos mucho cuidado al emitir el voto en las elecciones del 2015; más aún tratándose de personajes de quienes se sospecha tienen un pasado tormentoso y un presente cuestionable. En usted, caro lector, se encuentra el poder de decisión a través del sufragio; tomemos decisiones correctas y acertadas, y cerremos el paso a personajes que deshonran la política y pervierten el verdadero propósito del servicio público. A tiempo estamos.
