PARALIZA A CHICHÉN ITZÁ DISPUTA CON POBLADORES
Agencia Reforma
Ciudad De México 20 mayo 2026.- La Zona Arqueológica de Chichén Itzá, la más visitada del País, permanece cerrada por un conflicto entre la comunidad maya de Pisté, Municipio de Tinum, y autoridades de Yucatán.
Los primeros reclaman la permanencia del parador turístico donde laboran dentro del sitio, mientras el Gobierno de la entidad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) buscan reubicarlos en el nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi), que vincula la estación Chichén Itzá del Tren Maya con la zona.
Para impedir el ingreso a dicho parador, las autoridades estatales colocaron unas rejas que derribaron los pobladores el pasado lunes, tras lo cual las autoridades yucatecas, junto al INAH, anunciaron el cierre de la zona arqueológica, aunque anunciaron que “por motivos de mantenimiento”.
A su vez, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté acusó al Gobierno estatal de incumplir acuerdos previamente discutidos con la comunidad.
“El Gobierno del Estado ha cometido un acto de traición contra nuestro pueblo y nuestros acuerdos, mandando a colocar rejas en el parador principal de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, violando las mesas de diálogo y los acuerdos establecidos con la comunidad”, expresó la asociación en un comunicado.
En medio de la confusión, algunos turistas pudieron ingresar el martes gratuitamente a la zona arqueológico, e incluso, ante la ausencia de una operación normalizada, escalaron el Templo de Kukulkán, lo cual prohíbe el INAH por cuestiones de conservación, aunque después fueron detenidos por la misma comunidad, de acuerdo con reportes de los pobladores.
Chichén Itzá permanecerá cerrado mientras se efectúan las negociaciones, aclaró a REFORMA el asesor jurídico del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté, Álvaro Mena.
“La comunidad maya de Pisté exige que se le reconozca su derecho a la libre determinación y, en este caso, a la libre determinación en función de su desarrollo. No nos consultaron sobre el Catvi”, explicó en entrevista.
“El INAH y el Gobierno del Estado nos dicen que el Catvi es lo mejor para nosotros: ¿Por qué deciden qué es lo mejor para nosotros, cuando somos nosotros los que tenemos que decidir?
“Entonces, lo que está de fondo, es una violación al derecho a la libre determinación, a la autonomía”, enfatizó.
Y añadió que el parador turístico donde laboran sus comunidades de artesanos y artesanas no solamente constituye un centro de comercio, sino un espacio cultural de la comunidad.
Demandan reconocimiento jurídico
Ante la situación que vive Chichén Itzá, REFORMA solicitó información al INAH, sin obtener respuesta. Aunque, a través de un comunicado, la institución que dirige Joel Omar Vázquez señaló que mantienen un diálogo para el traslado de artesanos al Catvi.
“El diálogo por parte de las autoridades siempre ha sido abierto y claro, cumpliendo con la petición primordial de no desplazar a ningún artesano del interior de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, y en el entendido de que la reorganización del acceso responde a la necesidad de mejorar la experiencia turística y contribuir a la conservación del sitio patrimonial por medio del acceso único por el Catvi, una vez finalizado el periodo de transición planteado en las mesas de diálogo”.
Mena aseguró que, al referirse sólo a “artesanos”, las autoridades desconocen la personalidad jurídica de la comunidad maya de Pisté.
“Hablan siempre de artesanos o de guías, como si la comunidad fuesen solamente estos sectores. Le hemos exigido siempre al Gobierno, tanto estatal como federal, que reconozcan la legitimidad del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté; con quién están hablando es con el pueblo maya de la comunidad de Pisté, no con sectores”, puntualizó.
Para las negociaciones, que continuarán este jueves, con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, los pobladores son enfáticos al exigir que no participe Diego Prieto, ex Director del INAH, hoy funcionario de la Secretaría de Cultura al que descalifican para el diálogo.
Desarrollismo desbordado
Cuando no se consideran las decisiones de las comunidades involucradas surgen y escalan estos problemas, advirtió en entrevista el antropólogo Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural, y quien lamentó que lo primordial en esta región, tanto en el pasado sexenio con el lo que va del actual, fuera apuntalar el megaproyecto del Tren Maya.
“Ha privado prácticamente en toda la península un desarrollismo desmesurado. Han despertado un interés ya ni siquiera por estos lugares en cuanto a su valor histórico, cultural, sociológico o antropológico, sino simple y sencillamente como una fuente de divisas, una fuente de comercio.
“Entonces, tarde o temprano aparecen las disputas, las confrontaciones entre las instituciones de gobierno, las empresas y las organizaciones locales, comerciantes, ejidatarios, comunidades indígenas, etcétera.
“Es un polvorín, desde mi punto de vista, provocado por un desarrollismo exacerbado que no tuvo una planeación: fue el capricho de un gobernante y esta es la consecuencia”, ponderó Bolfy.
La solución, tarea conjunta y sostenida
Resolver el conflicto que mantiene cerrado Chichén Itzá requiere soluciones de corto, mediano y largo plazo, planteó Cottom.
El corto plazo consiste en una negociación y un acuerdo con la comunidad inconforme, previo diagnóstico.
“Lo que se requiere para una negociación y una conciliación es un buen diagnóstico, que involucra en este caso no solo al Instituto Nacional de Antropología de Historia o a la Secretaría de Cultura, puesto que hay problemas que rebasan la competencia de esta institución”, indicó Cottom.
“Aparte de este diagnóstico, se tiene que negociar y se tiene que llegar a un acuerdo con los inconformes, en tanto que se traten de razones válidas que entren dentro del marco de la de la institucionalidad y de la legalidad”, indicó el también ex Secretario técnico del INAH.
En el mediano plazo señaló que Chichén Itzá, al igual que otras zonas de monumentos arqueológicos, entre ellas Teotihuacán, en el Estado de México, o Monte Albán, en Oaxaca, requiere un manejo que convoque a diversas entidades del Gobierno Federal, junto a gobiernos locales y municipales.
“Si no hay una intervención conjunta, transversal de estas instituciones, los problemas se agravarán”, previno.
Recordó que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho y deben preverse también consultas.
Para resolver -o evitar- estos conflictos el largo plazo, aconsejó enfocar el tema como un asunto de seguridad nacional.
“Estos problemas ahorita sólo están asomando la cabeza. Va a llegar un momento en el que tendremos una especie de guerra civil sobre los bienes culturales, en donde todo el mundo se confrontará.
“Y lo más grave es que el INAH cada vez está más desacreditado, más debilitado y corre el riesgo de que mermen sus atribuciones”.
