Pedro Peñaloza

El aroma del autoritarismo

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Por Pedro Peñaloza

La justicia sobre la fuerza es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranía. 

Blaise Pascal

  1. La concepción bicéfala de la seguridad. Ni duda cabe que AMLO y su pequeño círculo están confundidos acerca de lo que quieren. Primero, lanzan la iniciativa de darle por cinco años la dirección de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas; después, por presiones diversas, retiran esa parte y admiten que un civil sea quien conduzca la estrategia.

Sin embargo, el presidente, en un desplante propio de su estilo, en su conferencia mañanera, declara lo siguiente: “sobre el mando (de la Guardia Nacional) es que en lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. Eso es lo que contempla la iniciativa y yo acepto que sea de esta forma porque nos hace falta tener la Guardia Nacional”. El verdadero jefe de los legisladores morenistas, el inquilino transitorio de Palacio Nacional, les dicta públicamente el script y ellos simplemente acatan. Véase que el núcleo del debate sigue intacto.

La supuesta concesión a las voces discordantes, dentro y fuera de Morena, es ficticia, ya que serán lo militares y marinos lo que actúen, formen y orienten a la Guardia Nacional. Las fuerzas armadas tendrán una oficina administrativa, la cual será la SSP y una especie de comando, que en la nueva propuesta se le llama “Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de seguridad, Defensa Nacional y Marina”. Más claro ni el agua. El papel del “civil” será el tema burocrático, pero en las calles estarán los soldados y marinos. Bien. Un Secretario podrá servir el café y sacar copias y los otros dos tendrán el monopolio de la represión.

  1. Adiós a la presunción de inocencia. Más allá de las políticas asistenciales y los discursos bienhechores de AMLO habrá una política criminológica autoritaria. A la puesta en marcha de la Guardia Nacional, súmese la iniciativa de incorporar tres ilícitos que legalizan la prisión preventiva inmediata (el mal uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones y el robo de hidrocarburos y productos petrolíferos o petroquímicos). Las principales víctimas de esta ofensiva, propia del populismo punitivo, serán los pobres y los vulnerables, atestando aún más las cárceles y convirtiéndolas en lo que son: el domicilio de los que nada tienen. ¿Este es el cambio de régimen por el que votaron 30 millones de electores? Entre la demagogia, la pólvora y la cárcel.

 

 

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